La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 81 165 por la inaplicación de penalidades a las empresas contratistas que incumplieron plazos en la instalación de equipos de laboratorio y de talleres, adquiridos por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, en procesos de adquisición durante los periodos de 2018 y 2019.
El Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Responsabilidad N° 015-2021-2-0210-SCE, que detalla las situaciones identificadas por la Contraloría durante el período del 11 de diciembre de 2018 al 30 de marzo de 2021, identificó presunta responsabilidad civil, penal y administrativa en cinco funcionarios y exfuncionarios de la anterior gestión (2016-2021) universitaria.
Con la finalidad de adquirir equipos para la implementación de laboratorios y talleres de las diferentes escuelas profesionales de la universidad, la Subdirección de Logística convocó a procedimientos de selección durante los periodos 2018 y 2019, suscribiendo contratos que establecían plazos de entrega, instalación de los materiales y capacitación al personal.
La instalación fuera de plazo de equipos y accesorios de plastinación (proceso simple diseñado para conservar el cuerpo con fines educativos y de instrucción) para el departamento de Morfología Humana de la Facultad de Medicina, adquiridos mediante la contratación directa N° 002-2019-UNSA, generó inaplicación de penalidades a favor de la universidad por S/ 50 315.
Asimismo, la instalación fuera de plazo del cromatógrafo de gases (utilizado para determinar la composición de una mezcla de productos químicos) para el laboratorio de investigación de la facultad de Ciencias Biológicas, adquirido mediante la contratación directa N° 017-2019-UNSA, generó inaplicación de penalidades a favor de la universidad por S/ 30 850.
Los resultados del informe de control específico fueron notificados al rector de la Universidad Nacional de San Agustín, y se recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el documento, así como el inicio de procesos civiles. También recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción disponer el inicio de las acciones legales penales que correspondan.