El Poder Judicial condenó a tres personas por delitos relacionados con contrataciones irregulares de consultorías para elaborar perfiles de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Tiabaya, durante los años 2017 y 2018. Según la sentencia, se identificaron irregularidades en los procedimientos de contratación, el uso de cotizaciones presuntamente falsificadas y la aprobación de estudios que no cumplían con los requisitos técnicos establecidos.

La principal sentenciada es Lania Ninoska Miranda Reinoso, quien se desempeñaba como responsable de la Unidad Formuladora de la municipalidad. De acuerdo con los hechos reconocidos durante el proceso judicial, coordinó con los consultores Jorge Alberto Rosado Solórzano y Glacia Sara Sánchez Montesinos para favorecer sus contrataciones mediante procedimientos que aparentaban cumplir con las exigencias administrativas.

La sentencia señala que Miranda Reinoso habría elaborado requerimientos y términos de referencia orientados a favorecer a los consultores, además de presentar cotizaciones presuntamente falsificadas para simular competencia entre proveedores. En estos documentos se habrían utilizado firmas y sellos atribuidos al ingeniero civil José Armando Rivas Durand, quien manifestó desconocerlos.

Otra de las irregularidades identificadas estuvo relacionada con la calidad de los estudios presentados para los proyectos municipales. Según la resolución judicial, los documentos no cumplían con requisitos técnicos, como estudios de suelos, levantamientos topográficos y la identificación de los profesionales propuestos. Pese a estas deficiencias, se otorgaron conformidades que permitieron continuar con los trámites de pago por los servicios contratados.

La acusación también incluyó transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo de los consultores a Miranda Reinoso, consideradas dentro del acuerdo para obtener beneficios económicos indebidos en perjuicio de los recursos públicos. Estos hechos formaron parte de los elementos evaluados en el proceso por colusión agravada.

PENAS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN Y REPARACIÓN CIVIL

Mediante la Sentencia N.° 36-2025-2JUTCF-CSJA, correspondiente al Expediente N.° 04667-2023, el juzgado impuso a Miranda Reinoso seis años de prisión efectiva por colusión agravada en concurso ideal con falsificación y uso de documentos privados. Para determinar la pena, se consideró la conclusión anticipada del juicio y una bonificación vinculada con el interés superior del niño, debido a que la sentenciada se encontraba gestando.

Además de la pena privativa de libertad, recibió seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 350 días multa, equivalentes a S/ 8.750. En cuanto a la reparación civil, deberá pagar S/ 67.620 por daño patrimonial al Estado, S/ 5.000 por daño extrapatrimonial y otros S/ 5.000 a favor del ingeniero Rivas Durand, por el uso de documentos atribuidos a su persona.

Por su parte, Jorge Alberto Rosado Solórzano fue condenado a cuatro años de prisión por colusión agravada. La pena fue convertida en 205 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, se le impusieron tres años, siete meses y 15 días de inhabilitación y 313 días multa, equivalentes a S/ 2.089.

El consultor también deberá pagar una reparación civil de S/ 8.925,96, distribuida en S/ 7.925,96 por daño patrimonial y S/ 1.000 por daño extrapatrimonial.

En el caso de Glacia Sara Sánchez Montesinos, el Poder Judicial impuso cinco años de pena privativa de libertad, convertidos en 260 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. La sentencia también establece cuatro años de inhabilitación y 300 días multa, equivalentes a S/ 2.250.

La reparación civil fijada para Sánchez Montesinos asciende a S/ 19.380, de los cuales S/ 16.380 corresponden al daño patrimonial y S/ 3.000 al daño extrapatrimonial. Según la resolución, este monto será abonado en cuotas.

UN CUARTO INVESTIGADO CONTINÚA EN JUICIO

Los tres sentenciados aceptaron los hechos y su responsabilidad penal y civil mediante la figura de conclusión anticipada, mecanismo procesal que permitió resolver sus casos con la reducción de pena correspondiente.

Sin embargo, el proceso también comprende a Manuel Roberto Salas Aparicio, quien no aceptó los cargos y continuó su defensa en juicio. Su situación judicial es distinta de la de las tres personas condenadas mediante este mecanismo, por lo que corresponde que su responsabilidad sea determinada en el proceso respectivo.

Al fundamentar la decisión, el juzgado tomó en cuenta los principios de legalidad y proporcionalidad, así como los efectos del acuerdo procesal. También dispuso que los sentenciados no paguen costas procesales, considerando su colaboración con la justicia a través de la conclusión anticipada.

El caso evidencia las consecuencias penales y económicas que pueden derivarse de las irregularidades en las contrataciones públicas, especialmente cuando se presentan documentos presuntamente falsificados, se simula competencia entre proveedores y se aprueban servicios que no cumplen las exigencias técnicas. Las reparaciones civiles buscan resarcir los daños establecidos judicialmente, mientras que las inhabilitaciones restringen temporalmente el ejercicio de funciones públicas por parte de los condenados.