La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que acusa al expresidente Martín Vizcarra y a su exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el presunto delito de concusión en el escándalo de las vacunas contra la COVID-19. Según el documento, Vizcarra habría aprovechado su cargo para solicitar dosis de la vacuna Sinopharm en beneficio propio y de su entorno cercano, hecho que habría vulnerado sus deberes funcionales.
El informe, sustentado en los documentos 086, 195 y 265, fue aprobado con 11 votos a favor, 1 con reserva, 2 en contra y 1 abstención. En el caso de Mazzetti, se le imputa haber solicitado también dosis experimentales para uso personal y de funcionarios de su despacho, aprovechando su posición como ministra de Salud durante la emergencia sanitaria.
Con esta decisión, el caso pasa a la Comisión Permanente del Congreso, que deberá designar una subcomisión acusadora encargada de sustentar el proceso ante el Pleno. De confirmarse las acusaciones, Vizcarra y Mazzetti podrían enfrentar sanciones políticas y judiciales por presunto abuso de poder y aprovechamiento indebido de recursos públicos en el marco del denominado caso Vacunagate.