La Defensoría del Pueblo enfrenta un proceso de recategorización por parte de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), debido a presuntos cuestionamientos sobre su transparencia e independencia, según alertó el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez. En entrevista con Exitosa, lamentó que se haya “invisibilizado” el rol clave de la institución en la prevención y solución de conflictos en un país “fracturado” como el Perú.
Gutiérrez explicó que, pese a que históricamente la Defensoría ha mantenido la categoría A —la más alta—, la GANHRI activó una “revaluación especial” antes del ciclo quinquenal. Esta decisión responde a observaciones sobre debilitamiento institucional y posible influencia de grupos políticos en su funcionamiento. Para 2026, una delegación internacional se reunirá con autoridades y sociedad civil para determinar si el organismo mantiene su estatus.
De ser degradada, la Defensoría perdería acceso a cooperación técnica y fondos internacionales, lo que implicaría —en palabras del exdefensor— dejar de “jugar en la Champions”. Gutiérrez advirtió que el impacto va más allá de lo financiero, pues afectaría el capital institucional del país, comparando su relevancia con entidades como el BCR o la Cancillería. La revisión refleja la preocupación internacional sobre la autonomía de la institución bajo la actual gestión de Josué Gutiérrez.