El contrato entre el despacho presidencial y el abogado Joseph Campos revela un compromiso financiero significativo para la defensa de la presidenta Dina Boluarte en el contexto de una investigación fiscal por las muertes durante protestas sociales. Este acuerdo no solo establece el monto total de 180,000 soles para cubrir los gastos legales, sino que también detalla la forma en que se realizarán los pagos: en tres armadas, con un 30% después de cada entrega y el 40% restante al final del proceso. Además, el contrato establece un plazo de 10 días para que el despacho presidencial realice los pagos, con disposiciones para intereses legales en caso de demora.
La declaración de Campos sobre la investigación sugiere que la posición de Boluarte como presidenta ha influido en el escrutinio al que está siendo sometida. Según él, esta investigación es una consecuencia directa de su mandato y podría implicar una carga adicional en términos de presión y atención mediática. La decisión de apelar la negativa del Poder Judicial de anular la denuncia constitucional indica una estrategia legal proactiva por parte del equipo de defensa de Boluarte para proteger sus intereses y combatir las acusaciones en su contra.