Antony Blinken, Secretario de Estados Unidos presentó los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en los países que reciben asistencia estadounidense e integran la ONU, entre ellos el Perú.
El Departamento de Estado de EE.UU. subrayó la tarde de ayer múltiples preocupaciones entorno a la crisis en derechos en el Perú, donde encontró acusaciones “creíbles” de ejecuciones extrajudiciales, restricciones significativas a la libertad de expresión y prensa, corrupción gubernamental generalizada y una alarmante prevalencia de violencia de género.
Los textos, según el diplomático, están fundamentados en una diversidad de fuentes fiables y objetivas, que se apoyan en documentos de agencias gubernamentales, entidades no gubernamentales y medios informativos.
El informe respecto al Perú inicia con el registro de los 49 manifestantes muertos durante las manifestaciones sociales que fueron reprimidas con las fuerzas del orden y el “uso letal y desmedido de la fuerza” denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, con severidad particular en regiones de mayoría indígena.
Aunque la presidenta Dina Boluarte fue denunciada por estas muertes durante las protestas que pedían su renuncia, el informe resalta que, hasta el momento, no se han emitido resultados de las pesquisas y “las autoridades ralentizaron deliberadamente las investigaciones para disminuir el interés público en el resultado”.
En otro capítulo, el texto detalla que “hubo numerosos informes de corrupción por parte de funcionarios gubernamentales, incluso en los niveles más altos” con el escándalo de Odebrecht, las investigaciones del expresidente Pedro Castillo, la red criminal denunciada en la judicatura y las “prácticas corruptas” en la adjudicación de grandes contratos de infraestructuras de transporte y energía.