Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarabamba denunciaron presuntos despidos arbitrarios y señalaron que habrían sido separados de sus puestos luego de no apoyar la campaña electoral del alcalde José Luis Luna Zapana. Los afectados aseguran que la situación alcanzaría a decenas de trabajadores de diferentes áreas de la comuna.

La representante de los trabajadores, Idaida Paredes, manifestó que el día de ayer fueron retiradas de sus puestos junto con otras trabajadoras y que personal de la municipalidad les habría ordenado entregar sus cargos sin explicarles el motivo. Según su testimonio, ingresaron seis trabajadores de la municipalidad, quienes les indicaron que tenían que entregar el cargo. Incluso, se habría revisado una computadora y se le habría quitado una memoria USB personal.

Los trabajadores afirmaron que existirían listas con nombres de personas que serían retiradas de la municipalidad. Paredes señaló que, solo en su gerencia, le informaron de una lista de aproximadamente 120 trabajadores, mientras que otro trabajador estimó que en su área serían alrededor de 60 los afectados. Las versiones incluyen a asistentes administrativos, personal de campo, vigilantes, trabajadores de mantenimiento y personal de limpieza.

Otro trabajador manifestó que venía laborando en un puesto de vigilancia para adultos mayores y que fue retirado de manera repentina. Aseguró que no participó en ninguna campaña electoral y que, pese a ello, habría perdido su puesto de trabajo. También afirmó que existirían trabajadores que continuarían laborando por haber apoyado la candidatura del alcalde.

Asimismo, otro de los trabajadores denunció un presunto caso de represalia política y afirmó que habría documentos relacionados con su contratación que fueron modificados o retirados después de que se dispusiera la separación de personal. Señaló que conserva documentos que, según indicó, respaldarían su versión.

Los trabajadores solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y otras autoridades competentes para que se determine si existieron irregularidades en la separación del personal y si hubo algún tipo de condicionamiento político para mantener o perder los puestos de trabajo.