El Poder Judicial ordenó la captura del exalcalde de Sachaca, Emilio Díaz Pinto, y de siete exfuncionarios y particulares, tras quedar firme la condena de seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. El caso está relacionado con la contratación de una empresa privada para actualizar los valores arancelarios de terrenos urbanos, pese a que este servicio ya era realizado anualmente por el Ministerio de Vivienda.

Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado de Investigación Preparatoria con el objetivo de ejecutar la sentencia e internar a los ocho condenados en un establecimiento penitenciario. La decisión se produjo luego de que se ratificara el fallo impulsado por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa.

Además de Díaz Pinto, la sentencia comprende a los ex trabajadores municipales Gaby Espinoza Valencia, José Montaño Enríquez, Norma Mamani Coila y Walter Núñez Cari. El juicio se desarrolló en más de siete audiencias entre julio y septiembre de este año.

Según la tesis fiscal, durante la gestión municipal se habría coordinado ilícitamente con José Casado Pinedo para favorecer a la empresa Corporación Nacional de Tasadores S. A. C. en procesos de selección convocados por la comuna. La compañía obtuvo contratos para determinar y actualizar los valores arancelarios de terrenos urbanos correspondientes a los años fiscales 2013 y 2014, utilizados para calcular el impuesto predial.

El Ministerio Público sostuvo que estas contrataciones no eran necesarias, debido a que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizaba dicha actualización de oficio cada año. Asimismo, la investigación identificó imprecisiones técnicas y un presunto perjuicio económico para la municipalidad.

Los montos correspondientes a los dos servicios contratados ascendieron a S/ 174.000 y S/ 169.500, respectivamente, de acuerdo con la información del caso.

La sentencia también establece la inhabilitación de los ocho condenados para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo de la pena privativa de libertad. Además, deberán asumir solidariamente el pago de una reparación civil y multas que superan los S/ 400.000 a favor de la Municipalidad Distrital de Sachaca.

Con la emisión de las órdenes de captura, el proceso ingresa a la etapa de ejecución de la condena. Las autoridades deberán ubicar a los sentenciados para cumplir con el mandato judicial.